Se vienen las juntas

Guillermo Tagle

En materia de gobierno corporativo, nuestro país tiene una larga trayectoria, destacada por directorios mayoritariamente bien estructurados y bien compuestos. Que han dirigidos las principales empresas con probidad, prudencia y creación de valor. También hay casos particulares, de fallas e incorrecciones, que han sido la excepción a la regla y que cuando se han hecho públicas, generalmente el mercado se ha encargado de manifestar su malestar y/o se han realizado las investigaciones y sanciones correspondientes.



En los últimos años, han ocurrido cambios regulatorios relevantes, que han fortalecido y mejorado la situación y las protecciones para inversionistas minoritarios. La Ley de OPA que regula los cambios de control, la normativa que impide votar en las decisiones del directorio a los directores que tengan conflicto de interés, las normas que establecen períodos de bloqueo, en que los directivos con acceso a información interna, no pueden comprar ni vender acciones, la creación de comités de auditoría para fiscalizar y verificar eventuales transacciones con partes relacionadas, son cambios que en general han sido progresos. 
Sin embargo, la última reforma a la regulación de gobiernos corporativos, aprobada en 2009 y puesta en práctica a partir de 2010, fue más allá de lo razonable al separar explícitamente a los directores en dos categorías, los “dependientes” y los “independientes”. Se podría paradojalmente hablar de los “buenos” y los “malos”. Se introdujeron algunos cambios y requisitos, que han generado un importante retroceso en la calidad de los directorios, han incrementado los costos y complicado los mecanismos para encontrar e incorporar a los llamados “directores independientes”.

Siempre se había entendido que una vez elegidos, todos los directores de una sociedad anónima tenían como responsabilidad única y exclusiva, proteger y promover el mejor interés de todos los accionistas por igual. La Ley de Valores no contempla el derecho de algunos directores, de defender algunos intereses y a otros directores, otros intereses. El interés es sólo uno, crear valor y hacer crecer el patrimonio de todos los accionistas por igual, en proporción a lo que cada uno tiene. Si algún director tiene intereses particulares que “defender”, no puede ni debe expresarlos en sus acciones y decisiones en el directorio. Es ilegal y es impropio que un director defienda intereses personales (que eventualmente perjudiquen a la empresa), que no sean los que corresponden a todos los accionistas por igual. En este contexto, ¿qué sentido tiene hacer distinciones entre directores dependientes e independientes?
Cuando la ley hace esta distinción, está anulando el principio fiduciario según el cual todos deben actuar con el mismo interés y responsabilidad. La “independencia” real entre seres humanos calificados (para ocupar un directorio), depende de la calidad y preparación intelectual, profesional y personal de los candidatos a directores. De la libertad intelectual y económica, que un individuo sabe puede tener, cuando tiene valores, talento y preparación. La “independencia” definida por la ausencia de intereses contractuales con terceros, es una forma mediocre de medir y definir este principio. Un ejemplo que refleja el absurdo al que esta nueva regulación nos ha llevado, es el caso de un director profesional, de gran nivel, reconocimiento, trayectoria profesional y personal, que tenga que renunciar al directorio de una empresa, por haber perdido su condición de “independencia” al asumir otro directorio, en un canal de televisión en el que la primera empresa contrata regularmente publicidad. Que ocurran casos como éste, ilustran los extremos, distorsiones e imperfecciones, que la última reforma de gobiernos corporativos provocó para las empresas chilenas. 
Esta regulación demuestra una gran desconfianza en la capacidad de los accionistas de las empresas, de poder elegir a los mejores candidatos para sus respectivos directorios. Demuestra también desconfianza en la capacidad del mercado, de valorar, premiar y distinguir a las empresas que tienen un buen gobierno corporativo, que mantienen bien informado y son transparentes, respecto de las que no eligen a los mejores o no son consistentes con sus políticas de comunicación y relación con sus accionistas. La experiencia por la que tendremos que pasar en abril, se puede evitar. Los cambios regresivos se pueden y deben corregir, por el bien del mercado, por el bien de las empresas y por el progreso de Chile.